El Consejo de Ministros celebrado hoy viernes ha dado mucho que hablar en materia audiovisual. El Gobierno ha dado luz verde para hacer llegar al Congreso de los Diputados un decreto de ley que podría cambiar la gestión de las televisiones autonómicas. Esta norma dejaría abierta la puerta para la privatización de los entes públicos autonómicos. Las televisiones autonómicas tienen dos opciones : seguir ofreciendo el servicio por sus propios medios o bien derivar estas funciones a terceros, lo que deja abierta la puerta a la privatización.
El futuro de las televisiones públicas autonómicas es del todo incierto. No sólo ha abierto el Gobierno la posibilidad de su privatización sino que ha impuesto, por ley, que no puedan endeudarse. No hay posibilidad de déficit en los entes públicos autonómicos, lo que puede dejar sin margen de maniobra a muchos de ellos.
Los últimos datos sobre endeudamiento de las televisiones públicas elevan la cifra a casi 1.300 millones de euros. Las Comunidades Autónomas tuvieron que destinar más de 800 millones de euros para intentar evitar el colapso de algunas de estas entidades. El Gobierno quiere “mejorar la eficiencia” de estas compañías con unas medidas que deberían apretarles el cinturón. La importancia de estas medidas ha hecho que el Gobierno decida tramitarlas por vía de urgencia.
